«Los compradores aprovechan el anonimato de una página web para efectuar las adquisiciones. Dado el elevado volumen de partidas, la gran mayoría de casos que maneja la Policía llevan aparejada una denuncia previa. En cualquier caso, son constituyentes de un delito perseguible de oficio», explica Mónica Dopico , jefe responsable de la sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la Comisaría General de Policía Judicial.